El pasado mes de febrero el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez aprobó el proyecto de ley Orgánica de Educación (LOE) para comenzar su tramite parlamentario. Sin embargo, el adelanto electoral paralizó el procedimiento, y hasta que no se produzca la constitución de la nueva cámara esta ley no llegará al Congreso para comenzar con los trámites de enmiendas y luego pasar al Senado.
Dados los últimos resultados electorales, todo hace pensar que el proyecto de ley futuro no variará una coma del anterior, y eso significa que se mantendrá los pactos de Pedro Sánchez con los separatistas en materia educativa. El proyecto de ley pasado ahondaba en la cesión de competencias en esta materia a las distintas comunidades autónomas, un gesto que el Gobierno ofrecía de cara a conseguir el apoyo de los separatistas a los presupuestos generales del estado, y que en esta nueva legislatura se puede traducir en el soporte a la embestidura como Presidente de Gobierno.
Sorprenden las prisas con las que se quiso tramitar esta ley, la cual no contó con los principales actores educativos. Esperemos que en esta ocasión, del brindis al sol electoral pasemos a un meditado cambio para derogar la LOMCE que estructure nuestro paupérrimo sistema de educación y que no parchee más sin sentar las bases de una ley estable en el tiempo. Realmente el anteproyecto pretendía modificar la LOE aprobada por los socialistas en 2006 sin ningún tipo de negociación en el ámbito correspondiente y fuera de cualquier consenso. No se había contado con la participación del profesorado, que son los que están día a día en las aulas y los que tendrían que poner en marcha la nueva normativa.
Lo que tenemos claro es que la futura modificación de la ley orgánica buscará réditos propagandísticos por encima de objetivos claros y sinceros que sienten las bases del un sistema educativo unitario para el conjunto de la población española. El peso de los separatistas en la próxima legislatura, en vez de unificar criterios de manera universal promoviendo la igualdad en el acceso a la educación de todos los españoles, volverá a ceder competencias a las autonomías, ahondando en el problema generado por las múltiples cesiones de las leyes orgánicas anteriores, y facilitando a los gobiernos autonómicos de carácter separatista la utilización desleal de la ley en la educación de las futuras generaciones contra el conjunto de los españoles.
Volveremos a estar ante una ley que no garantizará el derecho a ser educado en español en todo el territorio nacional. Dejando bajo criterio de las distintas comunidades autonómicas las asignaturas que se imparten en español y en el resto de lenguas cooficiales de nuestro país. Y vulnerará el derecho de los padres a elegir la lengua de escolarización de sus hijos o la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos.
La pelea de los próximos meses en este campo consistirá en exigir una ley que garantice la libertad para elegir colegio y tipo de educación, garantizando que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones.
El anterior proyecto de Ley no establece un sistema de control a nivel nacional al finalizar la educación primaria, la secundaria obligatoria y el bachillerato que homogeneice los criterios educativos de todos los alumnos españoles y nos tememos que la futura ley tampoco lo hará.
Debido al gran problema que supone la despoblación del mundo rural y las desigualdades existentes entre el medio rural y el urbano, el espíritu de toda Ley Orgánica debería incorporar medidas especiales y correctoras que ayudasen a revertir esta situación e incentivasen a los profesionales de la educación del medio rural. Esperemos que por lo menos en este sentido consigamos avanzar algo.