Ministros, secretarios de estado, directores generales, subdirectores generales, consejeros de interior autonómicos, delegados de gobierno… una pléyade de políticos enfrentados a una catástrofe sangrienta que no toman decisiones en los primeros momentos, cuando más necesarias son, porque se encuentran paralizados por su propia incompetencia, sin ningún conocimiento del área sobre el que operan. Hubo un tiempo en el que las tribus estaban gobernadas por consejos de sabios, que solían ser consejos de ancianos, aquellos que tenían mayores conocimientos sobre el entorno cercano. Ese tiempo se acabó, y ha sido sustituido por el de la mediocracia, llena de políticos mezquinos con ansia de poder y el alma vacía.

Estos mediocres también se permiten el lujo de escoger a los mandos de los diferentes cuerpos y servicios, no por mérito y capacidad, sino por libre designación. Así, y sólo por poner un ejemplo, el Director General de la Policía no sabe nada de ciencia policial, tampoco de emergencias. La Directora General de la Guardia Civil sabe aún menos. E incluso en este estadio de la pirámide jerárquica, estos indocumentados, también escogen por el método de libre designación a los funcionarios que van a dirigir operativamente esos cuerpos y servicios; no en concursos de mérito y capacidad, no; sino con el dedo que premia a aquel que mejor tarea desempeñe entre los despachos de poder y las intrigas palaciegas.

El resultado es que cientos de profesionales con capacidad, determinación y experiencia sobre el terreno se ven anulados por una manada de burócratas al servicio de la estructura de poder que los escogió. Una gestión criminal que cuesta vidas y haciendas.

La poca energía que tienen estos mediocres la gastan en planificar a quién van a echar la culpa esta vez, y en trazar estrategias para evaluar cómo quitarse el marrón de en medio.

48 horas de inacción absoluta mientras los ciudadanos estaban atrapados en garajes o subidos en los árboles; mientras los comercios, o lo que quedaba de ellos, eran saqueados y las familias compartían espacios con los cadáveres de sus seres queridos. Una gestión, repito, absolutamente criminal. Tiene que haber un antes y un después de esto.

Hace dos días llegó a mis manos un documento titulado “La administración del Estado y las inundaciones de agosto de 1983”, perteneciente al archivo de la fundación Sancho El Sabio, en Vitoria. En él, se explicita la respuesta operativa ordenada por Felipe González, presidente del gobierno entonces, ante las graves inundaciones y riadas sufridas en agosto de ese año en Bilbao. A toda nuestra clase política se le caería la cara de vergüenza si lo leyeran. Bueno no, porque no tienen.

Desde el primer día, el ejército, a través de la VI Región Militar, se puso al mando de las operaciones. Zapadores y pontoneros construyendo puentes y despejando vías, ingenieros de caminos trazando planes de actuación, soldados de reemplazo tirando de pala y levantando campamentos para voluntarios, soldados profesionales realizando patrullas nocturnas anti-saqueo, maquinaria pesada con retroexcavadoras, camiones articulados, excavadoras…

No hay nada más eficaz que el ejército en una situación de catástrofe, son profesionales con experiencia en zonas de conflicto y una jerarquía operativa que no necesita de órganos de coordinación. Nosotros teníamos a Mazón y a Sánchez, estudiando la mejor manera de hundir en el fango el uno al otro, discutiendo sobre competencias en los diferentes niveles de administración mientras personas vivas eran aún arrastradas por la corriente.

La realidad es que no había discusión posible, en una tragedia de estas dimensiones, el Gobierno de la Nación debe ponerse al frente de las operaciones desde el minuto uno, pero el incompetente presidente autonómico del PP, no lo pidió, y el incompetente presidente nacional del PSOE, no lo ordenó. Para la historia de esta infamia quedará la frase: “si necesitan algo, que lo pidan”, pronunciada por el autócrata Pedro Sánchez Castejón.

Nadie tenía que pedir nada, la declaración de emergencia de interés nacional debe decretarla el Consejo de Ministros, y puede hacerse a petición del presidente de la comunidad autónoma (Mazón no lo hizo), del delegado del gobierno (la enchufada de turno del PSOE tampoco lo hizo) o, motu proprio, por el Ministerio del Interior, sin que nadie se lo pida. La ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en sus Arts. 23, 28 y 29 lo dejan muy claro.

Lo anterior no es óbice para que se pueda desplegar al ejército con anterioridad, ni impide que los policías de los diferentes cuerpos trabajen en demarcaciones distintas a las suyas. El deber de auxilio y socorro está por encima de cualquier ley, reglamento o protocolo, y en esas primeras horas, todavía había gente atrapada.

Por su parte, las Fuerzas Armadas, como servicios públicos de intervención y asistencia en emergencias de protección civil, deben ser solicitadas por el Ministerio de Interior a la titular de defensa (Art.34. Ley 17/2015). Toda vez que la UME estaba desplegada allí desde el primer día, la excusa de “Mazón no lo pidió”, ya no opera. Por tanto, la falta de efectivos y de medios, y la terrible descoordinación, son responsabilidad de los Ministerios de Interior y Defensa, y del presidente de la comunidad autónoma también. De todos.

Sólo la población civil estuvo a la altura de las circunstancias, con especial mención para la organización juvenil Revuelta, que llegó a la zona 0 a ayudar con toneladas de material y comida antes que toda la maquinaria del Estado, atrofiada por toda la maquinaria del Gobierno, más preocupado en esas horas por asaltar Radio Televisión Española, para seguir controlando el relato. Porque eso es ya lo único que tienen -el relato-, y lo saben. Detrás de eso, sólo hay corrupción, fango y lodo. Toneladas de mierda.

Es una obligación moral que esta tragedia sea una lección para el futuro. Tenemos que construir en nuestra Administración una carrera horizontal de especialistas con experiencia sobre el terreno que anule a la vertical de burócratas al servicio del poder. Tenemos que volver al mérito, capacidad y antigüedad en la provisión de líderes, y limitar en todo lo posible la libre designación política, que suele ser el principio de la mediocridad, cuando no de la corrupción. Un gabinete de crisis no puede ser una reunión para la foto de políticos analfabetos y cargos del partido escogidos por estos. Es una indecencia.

Esto no puede ser otro 11M, otra nevada caótica, otro covid; después de esto no todo puede seguir igual. Hay que valorar redefinir todas las estructuras de la administración para que estén ocupadas por ley por personas capaces que se ganen su puesto en base al mérito y la experiencia, y no le deban nada a nadie más que a sí mismos, a su esfuerzo y a su trabajo. Hay que desterrar de todas las administraciones a la cantidad ingente de burócratas al servicio del poder que durante 40 años han ido incorporando los dos partidos que han gobernado este país, actuando como agencias de colocación y secuestrando los organismos públicos para servirse a sí mismos, y no para servir al pueblo. Valencia debe ser el fin de nuestra mediocracia.