España atraviesa desde hace décadas un proceso que suele describirse, de manera acrítica y casi automática, bajo el rótulo de «secularización». El término, heredado de una sociología de corte ilustrado que identifica progreso con abandono de la religión, sugiere una retirada progresiva de las creencias religiosas del espacio público y una suerte de «emancipación racional» de la sociedad respecto de instituciones consideradas arcaicas. No importa que sean instituciones totalmente funcionales en el presente y sigan mostrando su fuerza y su importancia, siempre habrá quien las considere arcaicas. Sin embargo, este relato, tan extendido como superficial, resulta profundamente engañoso cuando se examina desde una perspectiva materialista rigurosa. No sólo porque confunde la crítica doctrinal de la religión con su desaparición efectiva, sino porque ignora la dimensión institucional, política y estructural de las religiones positivas tanto en la historia como en el presente. Pero es que, además, lo que ha ocurrido en España en los últimos lustros no es la superación de la religión, sea lo que sea eso, sino su transformación y redistribución, con consecuencias políticas muy concretas y, en buena medida, negativas para la continuidad y la cohesión del Estado.

El catolicismo, como institución históricamente central en la conformación de la sociedad política española, ha perdido peso, influencia y autoridad en un lapso de tiempo relativamente corto. Ese retroceso, como decíamos, suele celebrarse por algunos sectores como signo de modernidad, pluralismo o incluso «madurez democrática». Pero lo que rara vez se examina es qué ocupa el lugar que ha quedado vacante con esa retirada del catolicismo. Porque las sociedades políticas reales no funcionan en el vacío normativo ni simbólico. Antes al contrario, toda sociedad necesita dispositivos de religación, esto es, normas morales objetivas, rituales de pertenencia, calendarios compartidos, instituciones educativas y asistenciales, narrativas de legitimación y mecanismos de disciplina. Así pues, las religiones, entendidas en sentido materialista, no son una simple creencia privada –cosa imposible, por otra parte–, sino una institución histórica que tiene funciones políticas precisas. Ahora bien, cuando una religión histórica se debilita o pierde su posición hegemónica, esas funciones no desaparecen, sencillamente son ocupadas por otras religiones positivas o por sucedáneos laicos que cumplen roles análogos.

En definitiva, lo que queremos decir es que en la España contemporánea, el retroceso del catolicismo no ha dado lugar a la utopía de una ciudadanía ilustrada gobernada por la razón crítica, sino a un paulatino –por ahora– pero firme avance del islam –favorecido por la inmigración masiva–, así como a una proliferación de ideologías sustitutorias y de formas de religiosidad difusa y fragmentaria. Así pues, por un lado se observa el crecimiento efectivo de religiones positivas como el islam o los distintos protestantismos evangélicos, dotados de normas claras, comunidades cohesionadas y una concepción clara de la autoridad. Por otro, se ha impuesto en el discurso público una forma de religión civil laicizada, por denominarla de alguna manera, articulada en torno al sentimentalismo moral barato, la culpabilización colectiva y el humanitarismo abstracto. Esta «religión civil» carece de teología explícita, pero posee dogmas prácticos, tabúes, rituales mediáticos y mecanismos de exclusión simbólica. Eso sí, su eficacia no está en la verdad de sus contenidos, sino en su capacidad para producir adhesión emocional y conformidad moral, neutralizando el conflicto político mediante su traducción a términos psicológicos o morales. En definitiva, los contenidos nematológicos de estos pastiches pseudorreligiosos son bastante simples, hasta ridículos, pero no por ello menos efectivos.

Ahora bien, el problema no es que el catolicismo haya retrocedido en sociedades como la española. O no sólo. El problema más importante es que el humanismo que ha ocupado el lugar del catolicismo en amplios sectores del espacio público español no es un humanismo antropológico ni político, sino un humanismo metafísico y sentimental. ¿Y por qué? Porque parte de una idea abstracta del hombre y de la «persona» desligada de los cuerpos, las instituciones, las fronteras y las tradiciones históricas. Y no sólo eso, sino que desde esa abstracción se elevan ciertos valores –como dignidad, inclusión, diversidad o acogida– a la categoría de absolutos morales inmunes a toda crítica política. Y desde esa salvaguarda tan metafísica como hipócrita y victimista, cualquier límite se presenta como una injusticia del occidente rico, cualquier frontera como una crueldad del hombre blanco europeo, cualquier ejercicio de soberanía como una exclusión fascista. El resultado es una despolitización sistemática de los problemas reales, que dejan de abordarse como conflictos entre intereses, instituciones y poderes, para ser tratados como déficits morales o patologías psicológicas. Todo lo cual, en consecuencia, ha de resolverse mediante fórmulas pedagógicas –la famosa pedagogía política, que no es otra cosa que un lavado de cerebro–, psicológicas –mejor acostumbrar a los individuos a su mala vida que trabajar para procurarles una en buenas condiciones– y éticas, ya que desde la ética se puede borrar cualquier frontera y pensar desde la Idea de Hombre.

Esta moralina humanitaria funciona, en la práctica, como una religión civil blanda e inoperante. A diferencia del catolicismo histórico, no educa en una disciplina común, no integra mediante instituciones estables, no articula deberes objetivos ni genera lealtades duraderas. Se limita a emitir juicios morales desde instancias mediáticas, académicas o burocráticas, produciendo un clima de culpabilidad permanente que paraliza la acción política. Esta inoperancia se hace especialmente visible frente a religiones fuertes, como el islam, dotadas de coherencia interna, redes familiares sólidas y capacidad de reproducción demográfica. De modo que tenemos que mientras unas religiones se expanden mediante disciplina, comunidad y transmisión generacional, esta religiosidad civil sentimental de la que hablamos se disuelve en discursos emotivos incapaces de estructurar una sociedad política compleja. Con lo que podemos sospechar que, a la larga, ese hueco dejado por el catolicismo, quizá en buena medida por su progresiva protestantización, será ocupado antes por el islam que por esa pseudoreligiosidad civil y laica de todo a cien (una expresión «boomer» esta más propia de aquella España que fue, y que hoy no la reconoce ni la madre que la parió, como diría Alfonso Guerra).

Desde este punto de vista, y desde la impiedad y el ateísmo más esencial posible, tenemos que reconocer que la secularización española no ha fortalecido al Estado, sino que ha contribuido a su desarme. Al debilitarse el catolicismo como institución de religación, el Estado no ha ocupado el espacio dejado vacante con una infraestructura moral propia, sino que, a medida que el catolicismo va perdiendo fuerza, lo ha cedido a una combinación inestable de religiones positivas emergentes como el islam y el evangelismo por un lado, y religiosidades civiles moralizantes por otro. Pero lo crucial es que este desarme no es meramente simbólico o intrascendente, sino que tiene consecuencias reales en ámbitos como la educación, la integración social, la gestión de la inmigración o la cohesión territorial. Un Estado que renuncia a organizar políticamente estos ámbitos en nombre de una supuesta neutralidad humanista acaba siendo organizado por actores que no comparten esa neutralidad ni esa renuncia, sino que lo combaten con una determinación contraproducente para dicho Estado.

La neutralidad, en este contexto, funciona como un mito paralizante. Y hablamos de mito en un sentido oscurantista, porque no existe un espacio público neutro en sentido fuerte. Toda sociedad política se estructura en torno a instituciones que producen normas, valores y pertenencias. Pero ese mito de la neutralidad no sólo tiene la virtualidad de oscurecer la realidad en la que nos desenvolvemos, sino que además tiene efectos distáxicos y debilitadores socialmente. ¿Por qué? Porque renunciar a esa producción propia de las instituciones que hemos dicho, y aún más hacerlo en nombre de esa supuesta neutralidad equivale, en la práctica, a abdicar de la soberanía. De ahí que resulte ingenuo –cuando no directamente imprudente e irresponsable– pensar que el debilitamiento del catolicismo en España conducirá automáticamente a una sociedad más libre o más racional (cosas que, por otra parte, habría que saber qué son, pues la libertad y la razón son ideas filosóficas que, a su vez, conllevan una gran discusión). La alternativa real no es catolicismo o ateísmo, sino catolicismo u otras formas de religación menos compatibles con la estructura histórica española.

Ahora bien, esto que decimos no debe interpretarse como una suerte de defensa de la Iglesia católica. Se trata, sencillamente, y no es poco, de reconocer la función histórica del catolicismo en España; lo que no implica asumir su «verdad teológica» ni reclamar una restauración confesional del Estado. Pero sí implica reconocer que, durante siglos, el catolicismo ha actuado como una infraestructura moral y social compatible con la unidad política, la continuidad histórica y la articulación del Estado. Algo que no ha ocurrido al margen de conflictos continuos y dialécticas muy fuertes, pero al menos ha proporcionado un marco común de religación que atravesaba territorios, lenguas y estamentos, articulando calendarios, rituales, sistemas educativos, redes asistenciales y códigos morales que permitieron la integración de poblaciones diversas bajo una misma soberanía. De nuevo, esto que decimos no debe interpretarse como una defensa de un Estado confesional. Tampoco se trata de una defensa del catolicismo ni de proselitismo. No, no se trata de eso, porque, repetimos, hablamos desde una postura materialista y atea. Una postura que nos permite un pragmatismo ajeno a fobias ideológicas, y que nos permite asimismo plantearnos: puesto que una sociedad política al margen de las religiones es un sueño ilustrado que no se ha dado y está por darse, ¿qué es mejor para la eutaxia española, para la recurrencia de España, el islam, el protestantismo, la bazofia woke, o el catolicismo? Así pues, lo que tratamos de señalar es que su debilitamiento, el debilitamiento del catolicismo, no ha sido compensado en España por ninguna institución equivalente, y pensar que ese vacío será ocupado por ciudadanos racionales desprovistos de toda religiosidad es una ingenuidad propia de élites desconectadas de la realidad social, histórica y antropológica.

Ahora bien, reconocer esta función histórica no equivale a eximir de responsabilidad a la Iglesia católica en el proceso de descomposición política que atraviesa España. La Iglesia no es un bloque monolítico, pero esa pluralidad interna no anula la responsabilidad de aquellos sectores eclesiásticos que han actuado como legitimadores morales de proyectos disgregadores en España. En territorios como Cataluña o el País Vasco, durante décadas, parte del clero ha asumido discursos nacionalistas, ha sacralizado lenguas y territorios y ha presentado el secesionismo como expresión de una supuesta identidad moral de supuestos pueblos oprimidos. Esta legitimación no se ha ejercido principalmente mediante la coerción, sino mediante la autoridad simbólica y doctrinal. Y así, documentos episcopales, homilías, centros educativos y entidades culturales vinculadas a diócesis han contribuido a transformar el nacionalismo fragmentario o secesionista de programa político en causa moral.

Esta operación ha tenido consecuencias profundas. Al revestir de respetabilidad ética y moral a proyectos políticos orientados a la ruptura del Estado, la Iglesia ha dejado de actuar como factor de cohesión para convertirse, en ciertos territorios, en un multiplicador del particularismo (algo propio de las derechas políticas, por eso tampoco tiene sentido considerar a un partido secesionista como de izquierdas). Aunque otras instancias eclesiales de ámbito estatal han emitido advertencias contra la ruptura de la unidad política, estas han sido tardías, ambiguas y fácilmente neutralizadas por la acción constante de las estructuras territoriales. Así pues, el daño ya estaba hecho. Y es que la Iglesia hace tiempo que ha renunciado, en la práctica, a su posible función integradora –que ejerce, obviamente, siempre que le convenga– en favor de una acomodación a los nacionalismos fragmentarios periféricos –quizá porque es lo que le conviene–.

Un fenómeno análogo puede observarse en el ámbito de la inmigración ilegal. A través de distintas ONG y entidades asistenciales, muchas de ellas vinculadas directa o indirectamente a la Iglesia, se ha producido una integración de facto de estas organizaciones en la gestión de los flujos de inmigrantes irregulares. Lo que en principio se presenta como caridad o ayuda humanitaria puntual se ha transformado, en la práctica, en una función estructural. Funcionando así, las ONG –entre ellas las de la Iglesia– no fungen como organizaciones que tratan de paliar emergencias, sino que quedan encuadradas como piezas estables de un sistema que incentiva la irregularidad de la inmigración, diluye las fronteras y desborda la capacidad del Estado para planificar e integrar.

De modo que, cuando una entidad religiosa –como es la Iglesia católica, aunque esta no se agota en su carácter religioso– actúa como un engranaje permanente de una política fallida, asume –lo reconozca o no– responsabilidades políticas, con independencia de sus intenciones declaradas. La financiación pública de muchas de estas organizaciones introduce, además, una dialéctica perversa, porque entonces el discurso moral –cuando no moralista– se combina con intereses organizativos y presupuestarios, generando incentivos para la perpetuación del problema. Y es que nadie socava aquello de lo que vive; al contrario, trata de hacerlo crecer. Por lo demás, no se trata de acusar a nadie de mala fe –aunque esta se da, sin duda–, sino de analizar funciones y efectos. Desde un punto de vista materialista, las instituciones se juzgan por lo que hacen, no por lo que proclaman que hacen.

El debilitamiento del catolicismo, la expansión de religiones positivas como el islam o el protestantismo y la hegemonía de una religión civil sentimental configuran, así, un pluralismo religioso efectivo, pero profundamente desequilibrado. Por no decir delirante, sobre todo cuando se reviste de otro de los metafísicos mantos sagrados de nuestro tiempo: el multiculturalismo. Y al margen de lo confuso de esta cuestión multicultural –que lo es, y mucho–, el problema no es ya tanto la mera existencia de este pluralismo, sino la ausencia de una estructura común capaz de articularlo políticamente. Cuando el Estado carece de una infraestructura moral propia y la Iglesia renuncia a ejercer su otrora función integradora, el resultado es una fragmentación creciente del espacio público y una competencia entre religiones en condiciones asimétricas, ya que unas tienen más fuerza que otras.

La cuestión religiosa, en definitiva, no es un debate de creencias privadas, sino un problema de poder y estructura política. Algo que afecta a la eutaxia misma del Estado. Qué instituciones organizan la moral pública, la integración social y la lealtad política es una cuestión decisiva para la continuidad de cualquier Estado. España no puede permitirse ni el espejismo de la neutralidad ni la irresponsabilidad de una Iglesia que actúa contra la propia base histórica de la nación española. De modo que recuperar una mirada materialista sobre la religión implica abandonar los sentimentalismos y asumir que las instituciones, cuando fallan, producen consecuencias reales. Por tanto, no se trata de volver al pasado ni de reivindicar soluciones confesionales. Se trata de comprender el presente con rigor y de reconocer que la descomposición política no se combate con emociones ni con moralinas, sino con estructuras capaces de ordenar la vida colectiva. Son necesarias las organizaciones totalizadoras como puedan ser el Estado o la Iglesia para que la recurrencia de la nación política siga dándose. Mientras esta realidad siga siendo negada, España continuará avanzando, bajo la apariencia de la tolerancia y la caridad –a través de la cual entra la peste–, hacia una forma cada vez más profunda de desarticulación política.