Desde hace ya dos décadas, el debate sobre las políticas de memoria histórica en España está sobre la mesa y parece no tener fin. No hay día en que no se acuda al Francomodín cuando Pedro Sánchez está acorralado. Desde la ley de Rodríguez Zapatero en 2007, que supuso un salto cualitativo de lo que se venía barruntando años antes, que quedó plasmado en una norma legal.