Coches oficiales en la puerta del palacio de los Borja, policía, medidas de seguridad y otro pleno que va a dar comienzo en las Cortes Valencianas. La tensión entre los diputados es fácilmente perceptible. Todo o nada, la apuesta de unos y otros en sustanciar los trágicos hechos acaecidos en la provincia de Valencia el 29 de octubre que anegó todo, y se llevó más de 200 vidas sin saber ¿Por qué y por culpa de quién? La campana vuelve a sonar, ahora más bien parecen timbales de guerra entre todos, eso sí, no podrán restituir el soplo de vida a los que de forma tan injusta la perdieron.

Los corrillos se acentúan, la enemistad política evidente, no soluciona nada, pero conforta, al parecer, a todos. Un gobierno autonómico, el de Valencia que con su presidente a la cabeza intenta salir lo mejor parado en unas circunstancias adversas, ni buscadas, ni queridas.

Los valencianos, y el resto de los españoles, estamos impactados, destrozados por los trágicos hechos acaecidos en Valencia, no podemos entender una reacción tan torpe del ejecutivo regional y tanta falta de escrúpulos en el gobierno de la Nación; uno claudicante desde el principio, el otro responsable y huidizo.

Ante la tragedia sufrida en la provincia de Valencia y otros lugares de la geografía española motivada por la gota fría y la subsiguiente riada, que las instituciones denominan DANA, deben tenerse presente las consecuencias que ha tenido la falta de comunicación entre administraciones, y singularmente, la inacción de la Administración del Estado ante hechos trágicos que afectan a varias comunidades autónomas, y con mayor relevancia a la Comunidad Valenciana.

En esta catástrofe, no se han utilizado los mecanismos que proporciona el Ordenamiento Jurídico Español, empezando por elevar al grado 3 de emergencia o, con mayores garantías de efectividad, la proclamación por el gobierno nacional del estado de alarma, con toda la seguridad y eficacia que ello hubiera comportado. Desde el primer momento se hubiera conseguido una gestión unificada de todos los recursos y, por ende, una mayor capacidad de reacción desde el inicio de la tragedia.

Desde el punto de vista jurídico hay que recordar el artículo 5.1 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil que establece: “1. Todos los residentes en el territorio español tienen derecho a ser atendidos por las administraciones públicas en caso de catástrofe, de conformidad con lo previsto en las leyes y sin más limitaciones que las impuestas por las propias condiciones peligrosas inherentes a tales situaciones y la disponibilidad de medios y recursos de intervención”, entre otras normas, y junto a la declaración de emergencia nacional, es vital movilizar a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos de Seguridad del Estado cuya competencia corresponde al Ministro del Interior, respecto de las Fuerzas Armadas; debe solicitarse por el Ministerio del Interior al Ministro de Defensa la colaboración de las mismas (art 32.2 f de la última Ley mencionada). Se debe poner lo expuesto en relación con lo estipulado en el artículo 8 de la Ley 40/2015: “la competencia es irrenunciable y será ejercida por los órganos que la tienen atribuida como propia”. Dicho esto, la inacción de las administraciones, el fracaso en el ejercicio de las competencias territoriales tiene varios responsables:

1.- Debemos destacar el fracaso de las autonomías. El estado de las autonomías está colapsando: los protocolos, la burocracia y los intereses partidistas ahogan la posibilidad de tomar decisiones eficaces y rápidas en situaciones de emergencia. Los vecinos de Valencia están pagando el precio de un sistema incapaz de coordinarse en momentos de necesidad.

2.- El reparto competencial entre la Administración del Estado y la Comunidad Valenciana, con las siguientes singularidades:

El art. 116.1 Constitución Española dice: una la Ley Orgánica regulará los estados de alarma, excepción y sitio, sus competencias y limitaciones correspondientes. Dicho mandato constitucional fue desarrollado por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio (LOEAES), esta Ley vino a cubrir una de las lagunas más urgentes del ordenamiento constitucional español, no sólo, evidentemente debido a su contenido, sino además por la posición que dicha ley recibe en el conjunto de nuestra normativa de excepción.

La LOEAES prescribe que el Gobierno de España puede declarar el estado de alarma, excepción o sitio cuando el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios atribuidos a las autoridades competentes sea imposible por circunstancias extraordinarias.

El estado de alarma atiende a alteraciones graves de la normalidad provocadas por catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud, crisis sanitarias, paralización de servicios públicos esenciales y paralización de desabastecimiento de productos de primera necesidad (art. 4 LOEAES). Por ello, el estado de alarma es la resolución que debió tomarse desde el primer momento por el Gobierno Sánchez. Debe destacarse que el hecho desencadenante afecta a varias comunidades autónomas.

No olvidamos las competencias en protección civil, y ante emergencias que las tiene asumidas la Generalidad Valenciana según  Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la comunidad autónoma, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.3. 14ª de su Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana que no desvirtúa lo afirmado sobre el estado de alarma.

La ciudadanía no tiene por qué conocer las peculiaridades del complejo sistema de distribución de competencias, y menos aún, en una situación dramática como ésta. Cuando se vuelva a la normalidad, sólo les quedará la petición de responsabilidad por los daños provocados por falta de ejercicio de las competencias. Lo que resulta probado es la inutilidad del llamado “estado autonómico”, cuyo desarrollo constitucional comparte, adjudica y difiere competencias entre las comunidades autónomas sin criterio ni visión de Estado.

Las luces del hemiciclo de las Cortes Valencianas llevan rato encendidas, el gélido invierno no altera planteamientos políticos, todos tienen sus razones. Discursos políticos que no tienen que convencer a nadie y juegos de culpas que el tiempo irá desbrozando. En las calles de Valencia, y en el ya famoso “puente de la solidaridad”, cantidades de voluntarios, legos e instruidos, pertrechados con escobas y palas se adentran en las zonas devastadas.