El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera, Capitán General de Cataluña, declaró el estado de guerra y exigió del Rey Alfonso XIII la dimisión del gobierno recabando para sí plenos poderes. El Rey conocía los planes de rebelión con tiempo suficiente para haberla intentado parar, cosa que, desde luego, no hizo. La aceptación por parte del monarca de los hechos consumados, su negativa a destituir a Primo de Rivera y su posterior llamada del general a Madrid, así como el hecho de que conociera de antemano la intentona, como lo sabía todo el mundo, le valieron a Alfonso XIII el calificativo de colaborador con la Dictadura.