Para un servidor resulta cada día más preocupante ver cómo nuestra sociedad –la inmensa mayoría–, se mantiene totalmente ajena a lo que sucede en materia de inmigración en España. Para aquel que mantiene una estrecha relación con algunos círculos políticos puede resultar un asunto muy presente, pero créanme, la mayor parte de los españoles viven totalmente al margen de esta problemática, sus efectos y consecuencias más inmediatas.
Por mucho que lo ignoren o quieran ignorarlo, es un problema que pronto llamará a la puerta de sus hogares. Extraño es el día en el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no redactan diligencias en las que la delincuencia importada es el principal actor de la comisaría de cualquier capital de provincia. Es un avance silencioso y silenciado, pero que está ahí.
Si bien es cierto que las hemerotecas actúan, estas lo hacen cuando el suceso viene marcado por unas consecuencias nefastas. Para un ciudadano o para un bien común que ha sido agredido por un sujeto de dudosa capacidad de integración que ha sido acomodado en nuestro país bajo el pretexto de combatir el declive demográfico actual y con ello salvar nuestras pensiones.
Planteaba Pedro Sánchez allá por mayo de este año que España precisaría de aquí al 2050 de un saldo migratorio anual de alrededor de los 250.000 inmigrantes. Sin especificar cómo iba a integrarlos en nuestra sociedad o cómo se debía producir el flujo de entrada de un cuarto de millón de personas al año. Aunque muchos de todos ya sabemos bien que la inmigración ilegal se ha convertido en el principal recurso para llevar a cumplimiento tal fin.
Ahora ya sabemos que desde que el Sr. Sánchez ostenta el cargo de presidente del Gobierno en España han entrado casi 220.000 inmigrantes por la vía de la ilegalidad. Al menos esos son los datos que conocemos, lejos de aquellas estadísticas que ignoramos ante la censura impuesta desde los propios organismos públicos para propósito de lo que os decía al inicio de estos párrafos. Mantener a la sociedad totalmente ajena a esta cuestión.
Nada sabemos de aquellas entradas que tienen lugar a través de nuestros aeropuertos, ni un mísero informe emitido por parte del Ministerio del Interior. Aunque ahora sí que sabemos que algunos sujetos del Magreb han decidido recurrir a aquello del avión-patera. Un modus operandi aplicado ya en Cataluña y en Baleares, donde a través de la simulación de una situación de emergencia, una cantidad indeterminada de magrebíes salen en estampida toda vez fuerzan el aterrizaje ante la inoperancia de compañías aéreas que por el momento se muestran dóciles ante este tipo de prácticas, según pude saber tras el episodio reciente en El Prat de Llobregat (Barcelona).
El principal motor de este efecto llamada y de todas estas prácticas es la inacción. La indolencia política y la aplicación de medidas contrarias a toda voluntad política de querer poner fin al principal propósito de señores de la guerra que han visto su gran oportunidad de negocio en todo esto de la Agenda 2030. Agenda que no concluirá en el año 2030 y que tendrá su prorroga en el ya presentad plan 2050 de Pedro Sánchez. ¿Creen ustedes que el Partido Popular no dará continuidad a la actual deriva migratoria? Dará continuidad, porque es la posición más hábil para evitar problemas entre su nuevo electorado de corte más socialdemócrata y de ideas más “abiertas”.
Y Dios me libre de plasmar en este texto cualquier tipo de interés partidista, es lo que demuestran hechos y palabras. O mejor aún, falta de hechos y palabras que delatan una inacción futura que logre combatir el problema que nos ocupa. Es un asunto que no les preocupa, así lo reconoció el propio Juanma Moreno en la reciente campaña que culminó con una mayoría absoluta para el Partido Popular en Andalucía. “No son inquietudes reales”, sostuvo.
Ante tal panorama las franquicias de las mafias que se dedican al menester del tráfico de personas ven cielo abierto. Su área de negocio aumenta de forma exponencial. Surgen nuevas rutas, nuevas oportunidades para el contrabando humano y sin lugar a dudas, aumenta la presión migratoria sobre una España vendida a los intereses de gente sin escrúpulos que encuentran una mayor rentabilidad en el fletado de embarcaciones con destino a costas españolas, que en el narcotráfico.
Y mientras tanto, el yihadismo vive una época dorada en la que la introducción de sus soldados en Europa a través de las rutas migratorias con destino al litoral español es pan comido ante unas autoridades desbordadas y un Gobierno que permanece impasible ante una amenaza de la que es plenamente conocedor. Un escenario idílico para el crimen organizado.